Condenan a 36 años de prisión a uno de los negociadores de las FARC

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Henry Castellanos
Henry Castellanos
Uno de los negociadores de las FARC en el proceso de paz con el gobierno colombiano, Henry Castellanos, fue condenado a 36 años de prisión por un ataque armado en 1997 en el que murieron cuatro personas, informó la Fiscalía General.




 

Henry Castellanos, más conocido como "Romaña".

El ataque al municipio de Venecia, en el departamento de Cundinamarca (centro), ocurrió en mayo de 1997 y dejó como resultado cuatro muertos, entre ellos un policía.

La Dirección de Fiscalía Especializada contra el Terrorismo argumentó en el proceso que al menos un centenar de miembros de los frentes 25, 53 y 55 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) atacaron la población y asesinaron al gerente de un banco que se negó a abrir la caja de seguridad de su institución.

El juez condenó a Castellanos, más conocido con el alias de Romaña, y a Yesid Aguilar, alias Abel Garzón. Los dos fueron sentenciados a 36 años de prisión.

Romaña, que forma parte del grupo de delegados de las FARC que negocian en el gobierno colombiano en Cuba, tiene en contra varias condenas, entre ellas una a 33 años de prisión por el secuestro de Juliana Villegas, hija del actual ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

La joven fue secuestrada por las FARC en noviembre de 2000, cuando varios hombres la sacaron a la fuerza de un salón de clases de su universidad. El grupo guerrillero la dejó en libertad en marzo de 2001.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC ya llegaron a un acuerdo que permitirá aplicar mecanismos de justicia transicional si se firma un acuerdo final de paz.

Mediante ese sistema, los guerrilleros podrán ser condenados a penas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, pero no necesariamente en una cárcel, si confiesan sus delitos y colaboran en la reparación a sus víctimas.

El tribunal especial que se creará en el marco del proceso de paz para juzgar a los miembros de las FARC podrá proferir condenas de hasta 20 años si los guerrilleros no colaboran con la justicia.
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