Gioja se prepara para ir a la Justicia por la causa de corrupción y sobreprecios en su contra

Su abogado adelantó que ya preparan una estrategia de defensa.

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Todo comenzó cuando los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí realizaron la denuncia  para que se “investigue presuntos hechos delictivos contra la administración pública” por la contratación, del  Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), caso que rondaría los 503 millones de pesos de defraudación al Estado.

A dos meses que se presentara la denuncia contra la gestión giojista por la polémica contratación del IAPSER, el exgobernador José Luis Gioja comenzó a trabajar en su defensa.

El abogado de Gioja, Fernando Castro, aseguró que en breve presentar ante la Justicia un documento con el que buscará defender a Gioja de los sobreprecios de más de tres millones de pesos pagados cuando era gobernador de San Juan.

La denuncia 

En 2005, el gobierno de San Juan contrató al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) para cubrir los gastos médicos por accidente de trabajo de los más de 38 mil empleados públicos de la provincia. El acuerdo fue renovado hasta enero de 2017 -más de un año después de que Gioja dejó el poder- e incluía a los docentes, los efectivos de la Policía, el Servicio Penitenciario y a los alumnos de las escuelas estatales.

El año pasado el gobernador Sergio Uñac -sucesor de Gioja- llamó a una licitación pública que ganó Provincia ART por 15 millones de pesos mensuales. Esta oferta significaba 27 millones de pesos menos que los 42 millones de pesos que la administración del presidente del PJ pagaba por mes.

Sin embargo, Juan Carlos Gioja, intendente del departamento sanjuanino de Rawson y hermano del exgobernador, mantuvo el acuerdo con IPASER para los empleados de su municipio.

Así, los abogados y dirigentes del GEN, Diego Seguí y Marcelo Arancibia, denunciaron que entre 2005 y 2017 el Estado Provincial pagó un sobrecosto de $3.588.000.000. A esto se sumaría la comisión del 10% del monto total del “agente de seguro”, lo que agrega casi $359 millones. La causa quedó radicada en la Fiscalía Correccional N° 3, que ordenó una serie de medidas de prueba preliminares.