La inflación desde 2003 alcanza el 62%, pero según otras estimaciones ascendería a 217%

Graciela Bevacqua llevaba trabajando 15 años en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina. Su especialidad era medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y para eso tenía un equipo altamente técnico. Era una funcionaria bien evaluada, hasta que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, preocupado porque el índice se disparara, comenzó a llamar a diario al INDEC. En una de esas ocasiones le dijo, medio en broma y medio en serio, que ojalá el índice fuera cero. Bevacqua tomó eso como una presión, pero siguió trabajando y suspendió sus vacaciones porque en las mediciones previas el IPC de enero indicaban que se empinaría por sobre el 2%. De la secretaría de Comercio Interior llegó entonces una funcionaria sin experiencia para supervisar su labor. Antes que terminara el mes, Graciela Bevacqua salió del INDEC y el IPC resultó tan sólo de 1,1%.
A comienzos de febrero de ese mismo año, el diario Clarín denunció esto en su editorial como “la intervención del INDEC y la política de precios”. Desde esa época se viene hablando de que el organismo está intervenido, que sus índices no son confiables y que sus técnicos están politizados. Para el gobierno, por otra parte, el IPC “no está hecho para saber cuánto aumentaron los precios”; así lo dijo este año María Lucila Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor y mujer de confianza de Guillermo Moreno. Colombo agregó que “el índice sirve para actualizar los valores de ciertos bonos”. Estos bonos son de deuda pública y van subiendo de acuerdo a la variación del IPC. Para dar una idea, los bonos post default en moneda local tienen una renta de 15,38% sobre la inflación oficial. En términos prácticos, mientras menos inflación, menos deuda, y de ahí que se entiendan los esfuerzos del gobierno por pagar la deuda pública en detrimento de una medición eficiente de la inflación. En otras palabras, esta política le ha ahorrado al gobierno US$ 3.200 millones.
Desde algún tiempo, consultoras privadas han venido dando sus resultados de IPC, pero como el único autorizado por ley para efectuar esta medición es el INDEC, los resultados tuvieron que ser entregados por parlamentarios en el Congreso. Esos índices al menos multiplican por dos los resultados del organismo estatal, cosa que para el economista y periodista Alfredo Zaiat no tiene mucha importancia. “Ya está claro que la inflación es de dos dígitos; ahora mucho más importantes son las medidas que se toman ante eso”, afirma.
Zaiat acaba de publicar el libro Economía a Contramano, donde analiza las corridas bancarias de los gobiernos de Cristina Fernández, y no está para nada de acuerdo con la idea de despedir a los trabajadores del INDEC. Sí cree que el organismo público es el único capacitado técnicamente para realizar estadísticas periódicas y que es relevante dotarlo de una legitimidad política a partir de información precisa. Las estadísticas privadas, advierte, “son peores que las oficiales”.
La medición oficial de la inflación desde 2003 alcanza el 62%, pero según otras estimaciones ascendería a 217%. De acuerdo a algunos economistas opositores al modelo K, las principales causas son el gasto fiscal, destinado principalmente a los sectores más vulnerables, pero también al entretenimiento, la creciente emisión monetaria y el aumento sostenido de los salarios. El Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato di Tella desde hace un tiempo viene midiendo la inflación con un relevamiento de expectativas. Según este centro, la inflación oscila entre el 25% y el 30% anual en el último tiempo. Para Guido Sandleris, su director, más que deseo de parte del gobierno por controlar estas cifras, lo que hay es falta de conciencia de la magnitud del problema: “Reconocer el problema es un primer paso importante para resolverlo”, comenta.

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