El Gran Hermano real en Estados Unidos

Internacionales
Un diario reveló que la Agencia de Seguridad Nacional recolecta los registros de una de las mayores compañías telefónicas del país. La administración de Obama lo justificó.

 

Gran oyente. El FBI controla llamadas telefónicas de los ciudadanos estadounidenses con autorización del Gobierno.

 

Fuente: La Nación

Poco después del escándalo por el espionaje a periodistas, estalló una nueva polémica en torno al Gobierno de Barack Obama cuando el diario británico The Guardian reveló que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) recolecta los registros telefónicos de millones de clientes de la compañía Verizon, una de las la más grandes del país, bajo una orden judicial secreta. La Casa Blanca justificó los controles.

Según el periódico británico, el Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA) emitió una orden el 25 de abril pasado en la cual solicitaba a Verizon que brinde información "en forma diaria y continua" a la NSA sobre todas las llamadas telefónicas, tanto dentro del país como entre Estados Unidos y otras naciones.

Bajo los términos de la orden, emitida como "top secret", Verizon debe entregar los números telefónicos de ambas partes de una llamada, así como los datos de ubicación, identificadores únicos y la hora y duración de todas las llamadas. Los contenidos de la conversación no están cubiertos, según The Guardian. La orden, firmada por el juez Roger Vinson, "le da al Gobierno una autoridad ilimitada para obtener la información por un período específico de tres meses, que termina el 19 de julio", indica el artículo.

The Guardian señala además que el documento, del cual obtuvo una copia, "muestra por primera vez que bajo el Gobierno de Obama se recogen indiscriminadamente y en grandes cantidades los registros de comunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses, independientemente de que sean o no sospechosos".

 

Justicifación: Es una práctica antiterrotista

Esta mañana, la Casa Blanca admitió que controla las llamadas y consideró que la práctica es "un instrumento fundamental para proteger a la nación de las amenazas terroristas contra Estados Unidos". Además, remarcó que "ante todo, la orden reproducida en el artículo no permite al Gobierno la escucha de ninguna llamada telefónica". Funcionarios del Ejecutivo, que mantuvieron el anonimato, confirmaron al diario Washington Post que la orden de vigilar las llamadas telefónicas "es auténtica" y "forma parte de un acto de rutina de renovación de una directiva emitida por primera vez por la misma Corte en el 2006". Para justificar la acción, el Gobierno se basa en la cláusula de "registros comerciales'' de la ley antiterrorista Patriot Act.

Por su parte, el vocero de Verizon, Ed McFadden, dijo que la compañía no tenía comentarios. Según The Guardian, la orden prohíbe expresamente a Verizon dar información al pública tanto de la existencia del pedido del FBI de los registros de sus clientes, como de la orden en sí. Verizon Communications Inc. declaró 121.000.000 de clientes en su reporte de ganancias del primer trimestre emitido en abril: 98.900.000 de clientes de telefonía móvil, 11.700.000 de telefonía residencial y 10.000.000 de líneas comerciales. La orden de la Corte no especificó qué clase de usuario debe ser vigilado.

La NSA parte de un programa autorizado secretamente por el expresidente George W. Bush en octubre de 2001, que puso en marcha una amplia revisión de registros telefónicos, de Internet y de correos electrónicos. En 2006, el diario USA Today causó impacto al informar que la NSA "ha estado recogiendo secretamente los registros telefónicos de decenas de millones de estadounidenses, utilizando información proporcionada por AT&T, Verizon y BellSouth" para "analizar patrones de comunicación en un esfuerzo por detectar actividad terrorista".

Según The Guardian, "hasta el momento no había indicios de que el Gobierno de Obama haya implementado un programa similar". El mes pasado, la administración de Obama quedó en el ojo de la tormenta cuando la agencia AP denunció que el Gobierno espió a una veintena de sus periodistas por una investigación. "Lo que se buscaba era la raíz de un grave caso de filtración a la prensa de información sensible en la lucha contra el terrorismo", dijo el vocero presidencial, Jay Carney, y aseguró que el Primer Mandatario no tuvo "participación directa" en el hecho.
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