El Gobierno frenó el aumento al gas

Los usuarios podrán respirar tranquilos al menos por dos meses más. Es que la Justicia de Dolores suspendió por 60 días el aumento en las tarifas, aunque formuló advertencias contra el abuso de medidas cautelares para frenar la suba.

Suspendido. Retrasaron el impacto de la suba del gas al menos por dos meses más.

 

La resolución fue adoptada por el juez de Dolores Alejo Ramos Padillaquien rechazó el planteo colectivo formulado por CEODECO (Centro de Orientación y Defensa del Consumidor), la Municipalidad de Doloresy OMIC Villa Gesell, entre otras instituciones. Las demandantes cuestionaron el nuevo cuadro tarifario y la quita de subsidios para aquellos usuarios de gas que la ley categoriza como usurarios residenciales de gas domiciliario.

Ante esta presentación, el magistrado concedió la medida provisoria por dos meses porque otros magistrados dictaron medidas que suspendieron el incremento. En ese lapso, los amparistas deberán formular sus reclamos ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, ya que Ramos Padilla se declaró "incompetente" para entender en el expediente. En su resolución, advirtió que "el manejo de la agenda o del plan de gobierno no es algo que el Poder Judicial se encuentre autorizado a juzgar más allá de lo agradable o desagradable que le puedan parecer las actos de gobierno".

Y agregó: "El juez debe ser cuidadoso, para no afectar con su accionar el sistema republicano de gobierno invadiendo facultades exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado". En este sentido, señaló que se trata de un problema de "distribución de competencias y de respetar el principio democrático por el que se somete también cada cuatro años al Pueblo la decisión de quiénes habrán de ser aquéllos legitimados para determinar las prioridades de las políticas públicas, pero no de suplantar aquella expresión de la voluntad política por la opinión personal del Juez".

El magistrado Ramos Padilla se declaró "imposibilitado para otorgar o reponer un subsidio, más allá de que considere adecuada o inadecuada la decisión gubernamental a partir de la cual se estableció el nuevo régimen tarifario, pues ello sería una arrogación de competencias que ni la Constitución ni la ley asignan".

 

Fuente: Minuto Uno