Corrupción en Fútbol para Todos, directo a archivo

La mayoría oficialista en la Auditoría General de la Nación no quiso tratar el documento, lo que despertó un centenar de críticas opositoras.

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Los clasificados a las Copas.

 

Por cuatro votos contra tres, la mayoría kirchnerista de la Auditoría General de la Nación (AGN) dispuso el archivo del informe que daba cuenta de graves irregularidades en el programa Fútbol para Todos, el cual funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Los auditores que responden al Gobierno resolvieron no tratar el informe por considerar que podría condicionar la investigación que, al respecto, lleva adelante la jueza federal María Servini de Cubría.

La oposición reaccionó indignada. "Me preocupa mucho este antecedente, por el cual estamos abdicando de nuestra función constitucional de tratar los informes de auditoría. No podemos censurarnos a nosotros mismos", planteó Leandro Despouy, presidente de la AGN.

La auditoría sobre Fútbol para Todos, cuyo contenido fue anticipado ayer, no sólo detectó anomalías en el manejo de los recursos públicos que se volcaron a la televisación gratuita del fútbol -que, en ese período, consumió casi $ 3000 millones-, sino que, además, advirtió que el objetivo original del programa no fue cumplido, es decir, el saneamiento de los clubes.

Entre las irregularidades más relevantes figuran, por caso, un total de casi $ 179 millones sin justificar, como también la falta de controles por parte de la AFA sobre los clubes para que cumplan con sus compromisos de saneamiento. Además, la AGN señaló que no encontró justificativo oficial alguno para que el Gobierno haya cesado la comercialización de publicidad privada para el programa. De hecho, hoy sólo se transmite propaganda oficial durante la transmisión de los partidos.

Estas conclusiones van en línea con la denuncia que formuló el año pasado la legisladora porteña Graciela Ocaña y que, bajo la investigación de Servini de Cubría, hoy tiene como imputados a tres de los cinco jefes de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner: Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Pese a ordenar el archivo del informe, los auditores kirchneristas -Vicente Brusca, Javier Fernández, Oscar Lamberto y Vilma Castillo- accedieron a enviárselo igualmente a Servini de Cubría. "Si no lo hacemos, la jueza allana la Auditoría", admitió Brusca. Los tres auditores de la oposición -Despouy, Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti- rechazaron la postura oficialista e insistieron en que el informe sea debatido y aprobado.

En rigor, la decisión del oficialismo de no tratar el informe fue sorpresiva, ya que hasta último momento figuró en el orden del día. Pero lo que irritó al kirchnerismo fue que se publicara el documento de manera anticipada -antes de la reunión del colegio- y que adelantara que sería aprobado por unanimidad, es decir, con el voto oficialista. Para el oficialismo, esto también constituyó un motivo para no tratar el informe. "Se lo obtuvo de manera desleal. Es una falta de respeto a la Auditoría", arremetió Brusca, la voz más filosa del oficialismo.

En realidad, lo que Brusca pretendía era que el informe se rechazara de cuajo y así lo había planteado puertas adentro de su bloque, poco antes de la reunión del colegio. Pero sus colegas kirchneristas Lamberto y Fernández no querían ir tan lejos; por eso, después de mucho discutir, se arribó a una posición híbrida, es decir, ordenar el archivo de la auditoría pero remitir sus conclusiones al juzgado de Servini de Cubría.

En la oposición descontaban ayer que los auditores kirchneristas actuaron por presión del Poder Ejecutivo. En el oficialismo nadie lo negó. "Pero, después de esto, difícilmente este bloque de cuatro (oficialistas) continúe así", confesó, por lo bajo, uno de ellos, disconforme con el archivo.

Los auditores opositores cuestionaron la actitud oficialista. "Este informe no se trata por razones estrictamente políticas; se está violando la independencia de los auditores", criticó Pernasetti. "Al archivar este informe, se le está quitando al Congreso la posibilidad de evaluar su contenido", enfatizó, por su parte, Nieva.

Pero el auditor Brusca rechazó las acusaciones y reivindicó el programa. "Este gobierno convirtió un negocio privado en un bien cultural público y universal. Eso no lo dice el informe de Auditoría", enfatizó.

 

Fuente: La Nación.-