Rago Gallo y Gálvez son investigados por la fuga de los represores

En julio de 2013, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron cuando eran trasladados de San Juan al Hospital Militar Central. El Consejo de la Magistratura investiga a los Jueces federales con asiento en la provincia para determinar su responsabilidad en el escape de los exmilitares.

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De Marchi y Olivera siguen prófugos a dos años de haberse escapado.

El Consejo de la Magistratura citó para el día 19 de noviembre a los jueces federales de San Juan, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez, para que den explicaciones acerca de la fuga de los dos represores que actuaron en la última dictadura militar en la provincia, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi.

Ambos se fugaron tan sólo 21 días después de haber sido condenados a 25 años de reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan. Tras un pedido y la correspondiente autorización para ser atendidos en el Hospital Militar Central, a 1.000 kilómetros de la Ciudad de San Juan, por supuestas afectaciones a la salud, ambos exmilitares se dieron a la fuga y a más dos años de ese hecho aún no pueden ser hallados.

En conferencia de prensa, Gálvez dijo que sólo se encargó de firmar un oficio para dar cumplimiento a lo autorizado por el juez Rago Gallo, en ese momento de licencia. "Quiero aclarar que esta gente se le escapó al Servicio Penitenciario, no a nosotros", agregó.

Además, el Magistrado apuntó al senador sanjuanino Ruperto Godoy de "motorizar" la investigación en el ámbito del Consejo de la Magistratura. "Me sorprende esta actitud del senador Godoy. Creo que se tendría que haber preocupado en haber visto algunos elementos y ver que se ha cumplido con la ley", dijo Gálvez.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura recibirá el descargo de ambos Jueces y luego elaborará un proyecto de dictamen en el que se decidirá cómo sigue el caso de Gálvez y Rago Gallo. Puede decidir por archivar el caso o aplicar una sanción, que puede ser desde una advertencia, un apercibimiento o hasta una multa de hasta el 30% su salario. También puede elevar al plenario del Consejo de la Magistratura un dictamen con el pedido de suspensión o remoción de los jueces en cuestión.