¿Es democrático el manejo de los medios de comunicación por parte del Gobierno de San Juan?

Cambiaron los nombres, pasaron funcionarios, pero en San Juan continúan las mismas "mañas". Medios amigos, información sesgada y favores políticos.

EDITORIAL - Es una práctica común, sobre todo en las provincias del interior del país, dónde los medios de comunicación difícilmente pueden subsistir sin intervención del Estado. Los gobiernos encuentran en esa dependencia la herramienta para controlar la información que consume la sociedad.

La provincia de San Juan no es ajena a esta realidad, tampoco es nuevo, viene de larga data y parece ser un virus difícil de erradicar. El manejo de la pauta oficial condiciona fuertemente la opinión de los medios de comunicación.

En la gestión de josé Luis Gioja quedó en evidencia la censura informativa, después de que el diario de mayor tirada de la provincia no entregara con su edición dominical, como era habitual, una revista (Rumbos) que cuestionaba la explotación minera en la provincia. Rápidamente, la noticia se expandió como reguero de pólvora por las redes sociales y cientos de ciudadanos indignados se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo.


La revista cuestionaba las políticas en materia de minería ejecutadas por el entonces gobernador josé Luis Gioja.

Ahora, con el cambio de gobierno, Sergio Uñac asumió con la promesa de ser más horizontal y democrático, refrescó su gabinete e incorporó gente joven; pero las prácticas  parecen ser una fórmula probada y aprobada.

¿Hay libertad de expresión? Los medios se ven en la histórica dicotomía de ser funcionales a los gobiernos de turnos o morir en el intento de ser "objetivos".

Urge en San Juan, y en el país, la necesidad de una ley que regule el manejo de la pauta a los diferentes medios de comunicación de manera más democrática, sin tener en cuenta su línea editorial y sin amordazar las opiniones desfavorables.

También es necesario que la provincia se ponga en derecho con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un instrumento legal que parece ser desconocido por los feudos provinciales que continúan con manejos espurios propios del siglo pasado.