Escándalo: La Justicia Federal investiga adjudicaciones irregulares en el IPV durante la gestión de José Luis Gioja

Por orden del juez Miguel Ángel Gálvez, la Policía Federal allanó esta mañana las oficinas del IPV en busca de irregularidades en el programa Techo Digno. Se investiga evasión empresaria en barrios de Pocito, Chimbas y Rawson.

No es el primer escándalo que pesa sobre el IPV, recordemos que durante la gestión anterior la institución había sido denunciada por adjudicaciones irregulares a familiares y amigos de funcionarios de turno.

En el año 2013, funcionarios opositores encontraron que las 42 casas del barrio Estado de Israel habían sido entregadas sin ningún tipo de sorteo, y entre los beneficiarios se encontraban por ejemplo las hijas del ex ministro de Infraestructura José Estrada.

Ahora, una nueva investigación llega a la Justicia, esta vez federal, ya que estarían tras el rastro de irregularidades en las licitaciones ocurridas en los años 2013, 2014 y 2015.

Según trascendió, el juez busca probar evasión empresario en diferentes barrios que el IPV construyó en Chimbas, Rawson y Pocito, bajo en programa nacional Techo Digno.

Tal como informaron desde el Ministerio de Infraestructura, la Policía Federal solicitó los convenios suscriptos con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV) en los años 2013,2014 y 2015, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios – Secretaría de Obras Públicas y de las respectivas rendiciones de cuentas, como así también los pliegos de las Licitaciones Públicas Nº 03/2014, 04/2014 y 13/2014 y de las Resoluciones Nº199-IPV-2015, 5466-IPV-2014, 977-IPV-2015, 420-IPV-2015,873-IPV-2015, 1146-IPV-2015,1696-IPV-2015, 1188-IPV-2015, 747-IPV-2015, 2945-IPV-2015,1911-IPV-2015,3392-IPV-2015 Y 1886-IPV-2015.

La documentación requerida fue suministrada por el Secretario de Vivienda Vicente Marrelli, labrándose el acta en un todo de acuerdo a las disposiciones legales, quedando asentado en la misma que la documentación se traslada al Juzgado Federal Nº2 de San Juan y queda depositada en la Secretaría Penal Nº5 a cargo de la Dra. Florencia Gutiérrez.

Según el interventor del IPV, Martín Juncosa, todos los convenios fueron debidamente documentados y enviados a Buenos Aires y pronto se probará que en San Juan no hubo ningún tipo de irregularidad.