8M: El día de la mujer reactivará el debate por el ABORTO en San Juan y en el Congreso

Este 8 de marzo las mujeres vuelven a las calles. En una fecha muy especial los pañuelos volverán a flamear. ¿Sólo los verdes saldrán a las calles de San Juan?

Foto exclusiva de Emiliano Michelli para Diario Móvil
Volverán a flamear miles de pañuelos verdes. El proyecto volvería a presentarse y el Gobierno maniobra para que no se trate. A Cristina y al PJ tampoco les entusiasma retomar la discusión.

El 19 de febrero de 2018 la plaza del Congreso se cubrió de banderas verdes que pedían tratar cuanto antes el proyecto de ley que habilita la interrupción del embarazo, presentado cada año por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un colectivo feminista nacido en 2003 y respaldado por diversas ONGs.

Dejaron un anuncio: el 8 de marzo las diputadas que habían participado de la marcha convocarían a una sesión especial para exponer a quienes retaceen el quórum. «La ley se va a tratar en algún momento. No la vamos a poder frenar», advirtió Emilio Monzó en una de las reuniones semanales de gestión a las que aún lo invitaban.

Marcos Peña decidió anticiparse, lo que le más le gusta, y ordenó a los jefes de Cambiemos en el Congreso tratar los proyectos del aborto a final abierto. Fueron cinco meses de discursos, movilizaciones, negociaciones entre las fuerzas políticas, una madrugada épica con la ley aprobada en Diputados en el último suspiro y una noche fría en el Senado, donde fue rechazado y todo quedó como al principio.

El viernes empieza un período ordinario de sesiones, la Campaña podrá presentar otra vez su proyecto para legalizar para interrumpir el embarazo y el 8 de marzo, frente al Congreso y con pañuelos en alto, su militancia exigirá «Aborto Legal».

Así lo conversaron el martes legisladores y activistas que soportaron los 40 grados de calor para conmemorar el primer aniversario de la marcha que consiguió inquietar al jefe de Gabinete. «No podemos volver a ser 10», advirtió una de las diputadas verdes, molesta porque las calles no estaban abarrotadas como otros años.

El Gobierno maniobra para borrar al aborto de la agenda de campaña, en la que intentará reivindicar valores en torno al combate contra la corrupción. Tampoco le entusiasma a Cristina Kirchner, que en la conferencia de Clacso convocó a unir «pañuelos celestes y verdes», un giro al peronismo clásico y una distancia con los globalismos del siglo 21, nutrido de izquierdas y derechas rozándose en los extremos. La militancia de La Cámpora se sintió muy cómoda entre los primeros y su jefa mucho no les convenció el rol que tomaron.

Menos quiere hablar del aborto el peronismo federal, con anclaje en el Senado, cuyos referentes como Miguel Pichetto, que votó a favor de la ley en agosto, gestionan con Germán Garavano demorar el envío Código Penal para no retomar la discusión de cuándo es delito interrumpir el embarazo. Como anticipó LPO, con el proyecto en curso, sería inevitable.

Se lo plantearon a Rogelio Frigerio y Monzó en la reunión que mantuvieron para diagramar la agenda parlamentaria. «Este año habrá muchos temas de género pero no el aborto. Nadie lo quiere en un año electoral», buscó tranquilizarlos el presidente de Diputados.

Confía en la cordura de sus pares, pero el control de la calle no está en sus manos, como supo aquella madrugada en la que temió desbordes si no se aprobaba la ley. El 9 de febrero, la izquierda realizó un plenario para organizar la marcha del 8M y en redes sociales empiezan a aparecer invitaciones para marchar.

Las consignas no se reducen al aborto, sino a otras luchas de la mujer como el combate contra el acoso sexual y los femicidios, que sí pasarán por el recinto o al menos por comisiones. También se levantan pañuelos verdes para pedir por educación sexual integral, un choque con la iglesia evangélica que irrumpió en el Congreso y marchó en el país para impedirla y ahora sumó de  aliado a Jair Bolsonaro.

Los diputados celestes tenían un plan en caso que el proyecto volviera con cambios en agosto, como se especuló: proponer una consulta popular y que la gente decida cómo resolver esta discusión, capaz de sacudir a las estructuras políticas.

El problema es que la Constitución impide una consulta vinculante para temas penales y por lo tanto la consulta sería sólo para pedirle al Congreso legislar sobre la opinión de la gente. Demasiados pasos, para un tema que ya le pesa a mayoría de la dirigencia.

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