Obligaron a una mujer a hacerse un aborto, se murió y desaparecieron el cuerpo

Nueve personas, entre ellas cinco policías, comenzarán a ser juzgadas  en la causa en la que se investiga el aborto seguido de muerte de una mujer, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, ocurrido en la ciudad santafesina de San Lorenzo en 2011, informaron hoy fuentes judiciales.

Cuatro de los acusados son un empresario, su esposa, su chofer y una partera, a quienes se les atribuyen los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "aborto seguido de muerte" cometido contra Paula Perassi (34), por los que podrían ser condenados a prisión perpetua.

Los otros cinco, en tanto, son policías que llegan al debate bajo arresto domiciliario y acusados de "encubrimiento, incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, sustracción y destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público".

El juicio, que se iniciará durante la mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, estará a cargo del tribunal integrado Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, y actuarán como acusadores los fiscales Román Mosceta y Donato Trota, quienes tienen previsto escuchar a 180 testigos.

De acuerdo a la acusación fiscal, Perassi fue capturada el 18 de septiembre de 2011 y obligada a abortar, tras lo cual presumiblemente murió, pero su cuerpo nunca fue encontrado, incluso a pesar de la búsqueda que llevó adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense

La mujer, que estaba casada, tenía dos hijos varones de 2 y 6 años y cursaba un embarazo de seis semanas, salió cerca de las 20 de ese día de su casa, ubicada en la localidad de San Lorenzo, a 25 kilómetros al norte de Rosario, luego de recibir una llamada telefónica.

De acuerdo a la pesquisa, la mujer dijo que iba a buscar la tarea para uno de sus hijos, aunque nunca mas regresó.

Según consta en el expediente, Perassi mantenía una relación sentimental extramatrimonial con Gabriel Strumia (41), un empresario amigo de su familia que residía en Puerto General San Martín y estaba casado.

La principal hipótesis de los fiscales y de la querella que representan los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara es que el embarazo de Perassi era de Strumia y que éste, junto a su mujer, su chofer y una partera, la privaron ilegítimamente de la libertad para obligarla a abortar.

Siempre según la acusación, la mujer murió y su cuerpo fue ocultado con la ayuda de jefes y agentes policiales de San Lorenzo.

Junto al empresario Strumia están detenidos y procesados por "privación ilegítima de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte" su esposa, Roxana Michi; su chofer y mano derecha, Antonio Díaz; y la partera Mirtha Rusñisky,

En tanto, por "encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción y destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público" están acusados el ex jefe de la policía de San Lorenzo, Jorge Krenz; el ex jefe de la la Agrupación de Cuerpos de la policía local, Adolfo Puyol y los ex agentes Gabriel Godoy, María José Galtelli y Adolfo Gómez, todos con arresto domiciliario.