Con la devaluación, los PRESOS exigen aumento de sueldo: "cobramos menos de $10.000"

Cuando se habla del salario mínimo en la Argentina, inmediatamente la gente recuerda con indignación que un preso ganaba más que un jubilado. Es que el preso que trabajaba cobraba ese salario que antes aventajaba a la jubilación mínima; en la actualidad están casi emparejados, por el recorte de horas que les impusieron a sus tareas y porque sólo cobran los que efectivamente trabajan.

El salario mínimo hoy es de $ 12.500 y la jubilación mínima de $ 11.528, una brecha que redujo el Gobierno al aumentar más las jubilaciones, pero que se desfasará pronto porque viene el turno del ajuste de los salarios mínimos. El presidente Mauricio Macri, en plena campaña electoral, anunció que subirá entre 26% y 30% el salario mínimo con lo que volverá a tomar ventaja sobre la jubilación.

Pero detrás de esta comparación hay hechos que son poco conocidos y faltan en la mesa del debate. Por eso es necesario volver atrás y recordar cuál era la situación seis años atrás. En 2013, cuando Víctor Hortel, un hombre ligado a La Cámpora y fundador de la murga «Vatallón militante» (sic), fue nombrado jefe del Servicio Penitenciario Federal, ocho mil presos del día a la noche pasaron a ser anotados en planillas como que trabajaban 200 horas mensuales el máximo permitido y que les dio acceso al salario mínimo a pleno que era de $ 3.300.  Un jubilado en aquel momento cobraba $ 2.477.

Cabe aclarar que Hortel, además de la desigualdad salarial, fomentó el odio de los internos hacia el personal del Servicio Penitenciario del que era titular. De hecho, en el penal de Marcos Paz, llegó a saltar en el patio junto a los presos al grito de «el que no salta es un gris», en alusión al color del uniforme de los carceleros.

Uno de los preferidos de Hortel en Ezeiza era El Pepo, el cantante de cumbia que en aquel momento cumplía tres años de prisión y animaba las fiestas para las que, en ómnibus del servicio penitenciario, se trasladaba a travestis y miembros del personal que participaban de corsos de elevados presupuestos. Mameluco Villalba, el jefe narco de San Martín, también detenido en Ezeiza, organizaba los partidos de fútbol en Tristán Suárez. Pero el divertimento no terminaba allí. La capilla del penal de Villa Devoto -eso sí, con las imágenes religiosas cubiertas por telas- fue escenario de fiestas con cumbia entre funcionarios carcelarios y presas. No faltaron los festejos con el propio Hortel disfrazado de hombre araña y el resto de sus funcionarios de personajes como el ratón Mickey o Superman.

El mundo de las mujeres en aquel momento no era igual. Cuarenta por ciento de las detenidas eran extranjeras. Habían sido capturadas como mulas de la droga y no daban el porcentaje de votos que se buscaba de los presos. Debían confeccionar las remeras de «Vatallón Militante», sin retribución alguna. Hortel soñaba con un ejército popular de presos con todos los beneficios que les otorgaba. Se dio el lujo de pintar el portón de la cárcel de Devoto de rosa con flores rojas y amarillas y hacer dibujar a los presos un mural Cristina Fernández de Kirchner como personaje central, con ojos celestes, elevándose con cadenas rotas hacia el cielo como símbolo de liberación de los presos. Por supuesto, el mural lo firmaron tres presos.

En todas las cárceles se pintaban murales con imágenes y leyendas sobre la estatización de YPF, la recuperación de Malvinas y reivindicaciones al Gobierno.

El sueño se terminó el 21 de agosto de 2013 cuando, mientras celebraban el Día del niño con los hijos de los presos -los de los guardias estaban excluidos-, 13 presos de alta peligrosidad se fugaron del penal de Ezeiza, aprovechando la distracción. No fueron más los fugados porque el preso 14 estaba excedido de peso y quedó trabado en el hoyo que llevaba al túnel obstruyendo la salida de los presos que estaban formando fila atrás de él.

Hortel fue removido del cargo por Cristina Kirchner y lo sustituyó un penitenciario de la escuela anterior, la que se oponía a que una parte del museo policial Antonio Ballvé, nombrado así en homenaje a una de las grandes figuras de la historia carcelaria argentina, se transformara en la fundación Mercedes Sosa, un espacio para agasajar a la mujer latinoamericana. A ese lugar había llevado Hortel a femicidas para participar de mitines políticos.

Esos tiempos terminaron. Hoy los presos tienen trabajo y cobran un sueldo que no supera al de los jubilados. La población carcelaria aumentó y las prisiones federales registran hoy 14.300 presos contra 8 mil de aquellos años y una sobre población de 17%. Pero con buen tino, se fue depurando el listado de los presos que trabajan y la lista quedó reducida a 82% de la población carcelaria que efectivamente hace trabajos pero no les permiten trabajar más de 150 horas, con lo que cobran  $ 9.350 mensuales que es menos que la jubilación mínima de $ 11.528. Con una población carcelaria 75% superior a la de la época de Victor Hortel, la nómina salarial es de casi $ 110 millones mensuales. Medidos en dólares constantes, los 8 mil presos de Hortel cobraban USD 2,4 millones contra USD 2,6 millones que cobran los 11.725 presos de la gestión de Emilio Blanco, actual director del Servicio Penitenciario Federal.

El ahorro no es solo en el dinero, sino en las actividades. Hoy existen 140 talleres donde los detenidos hacen trabajos en tambos, elaboran quesos, reparan computadoras, componen calzados y construyeron la primera vivienda auto sustentable que piensan vender a las empresas constructoras.

Por otra parte, se disolvió el Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulante creado en 2013 y que pertenecía a ATE. El gobierno no les reconoció la personería jurídica y se terminaron las reuniones para discutir vacaciones, accidentes de trabajo y otros beneficios que incluían un delegado por pabellón. Un funcionamiento que además facilitaba las fugas y motines. Antes, los presos se comunicaban por señas de pabellón a pabellón y, por un fallo judicial y la decisión de tener un gremio, ese obstáculo desapareció. Por supuesto, con el incipiente sindicato, comenzaron las huelgas y las marchas y las prisiones federales fueron poco menos que un caos.

Los presos gozaban de los beneficios de equipos de audio y lavarropas digitales, además de plasmas y otras comodidades. «Vatallón Militante», los aprovisionaba, además, de pizzas y otras viandas. Sus familias recibían bolsones de comidas y subsidios. El preso, con su sueldo, era un sostén más de su familia, algo que no se vio jamás en una prisión del mundo.

Hoy, el destino de Hortel sigue ligado a las cárceles federales. Es el abogado del sindicalista Pata Medina y de Lázaro Báez.