Son tres los apostadores que esta semana tendrán una suculenta suma de dinero en sus bolsillos.
El Gobierno busca BAJAR las PENAS de los PRESOS para descomprimir la SUPERPOBLACIÓN CARCELARIA
Según un informe oficial, en Buenos Aires, hay cerca de 50.000 cuando la capacidad es para 25.000. Crean una Mesa Interinstitucional de Diálogo. El debate por las prisiones preventivas.
Ante la superpoblación carcelaria en la Provincia, que excede el ciento por ciento la capacidad de alojamiento, el gobierno intentará la descompresión del sistema con algunas reformas judiciales, entre ellas la morigeración de las penas, e incluirá la evacuación progresiva de presos en comisarías.Para ello, este lunes, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció la creación de una mesa de Diálogo que se reunirá con internos y familiares en los centros penitenciarios de Buenos Aires.
La apremiante situación en las 60 cárceles bonaerenses quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50 mil personas para una capacidad de 25 mil cupos. El régimen está virtualmente colapsado. Según el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna provincia que tenga una superpoblación del 110%. En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva para evaluar el dramático problema”, explicó.
El tema viene de lejos. En su momento, durante la gestión del ministro León Arslanián, se planteó utilizar container adaptados para alojar detenidos en seccionales. También la tercerización en la atención de los servicios carcelarios. En enero 2018, la ex gobernadora María Eugenia Vidal había sugerido ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, método que se aplica en otros lugares del mundo y que en nuestro país todavía resulta controvertido. No era una idea en el aire: el Congreso había sancionado la ley nacional de contrato Público-Privado que avalaba ese abordaje audaz de gestión.
No prosperaron ni los containers de Arslanián, ni el leasing de Vidal. Todo con indicadores de delito sin merma. Hasta el ministro de Seguridad bonaerense actual, Sergio Berni, decidió involucrarse con la propuesta de conmutar un año de pena del recluso por cada año de trabajo registrado dentro del penal. Improbable porque en la aparente tarea de readaptación del preso ya están contemplados los talleres, tareas específicas y cursadas de estudios en los tres niveles. ¿Se ejecutan esos programas?. Relativamente. En el último año había 1500 internos en espera de habilitación de esa cantidad de plazas para completar sus estudios.
En octubre 2019, Casación Penal provincial había exhortado al Poder Ejecutivo a no alojar detenidos en comisarías y buscar medidas alternativas de encierro, incluidas la posibilidad de conmutar penas o de alojar presos en cárceles de otras jurisdicciones con el fin de evitar o reducir el hacinamiento y la superpoblación en las unidades penitenciarias de su territorio. Según el informe del tribunal, se registraban 48.827 personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y cárceles provinciales.
El jueves 6 de febrero, cuando se reúnan los equipos técnicos que buscarán un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de Derechos Humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal, habrá una actualización de la población carcelaria.
El último relevamiento menciona que sólo entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 se contabilizaron 2.500 encierros más. De la totalidad hay 21.538 internos procesados, 21.855 condenados, 141 sobreseídos y 251 sin prisión preventiva; además de 207 hombres y 12 mujeres mayores de 70 años, 59 madres, una madre embarazada y 25 embarazadas; también, 1344 penados y 3417 procesados privados su libertad por delitos relacionados con la ley de estupefacientes.
Con ese panorama, la propuesta fue evaluar la posibilidad de conmutar penas a quienes alcanzaron los 60 años, cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años que hayan cumplido la mitad de la condena; sentenciados a una pena que no exceda los tres años y que hayan cumplido un tercio de la misma, y condenados a una pena que no exceda los seis años y que se encuentren usufructuando el régimen de salidas transitorias.
La Mesa Interinstitucional de Diálogo, creada mediante una resolución firmada por el gobernador, Axel Kicillof, funcionará como una instancia. Para las reformas hacen falta, en muchos casos, tramitaciones parlamentarias. El abordaje de la flamante administración estaría en consonancia con lineamientos plantados a nivel nacional por la gestión de Alberto Fernández, que incluye un capítulo específico sobre la aplicación de las prisiones preventivas. La Reforma Judicial anticipada por algunos funcionarios nacionales es mucho más compleja, pero existe en los laboratorios oficiales.
Algunas voces intentan persuadir. Paula Litvachky, integrante del CELS e integrante de la Mesa del Diálogo, destacó la convocatoria del ejecutivo provincial y expresó que “lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos en las comisarías de la Provincia".
“Estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la Justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad. Tenemos que acercar la cárcel de la Constitución a la cárcel de la realidad”, dijo después el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.
También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; la senadora, Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros.
Con matices, hubo coincidencia en manifestar que se trata de la peor crisis humanitaria, "nunca antes vista", en los lugares de encierro. Involucra las 54 cárceles, 10 alcaidías y 483 comisarías. En las seccionales policiales hay 4.000 detenidos. La capacidad es menos de mil. La Suprema Corte las prohíbe, pero es letra muerta.
Datos: sólo la Unidad de Olmos, en La Plata, aloja 3.000 presos. Las plazas "permitidas" son 2.000.
La alcaidía de Junín sobre la ruta 188, por ejemplo, es una unidad relativamente nueva, fue habilitada en 2009, corresponde a régimen cerrado, con educación primaria y secundaria. Allí, en la entrada del establecimiento, hay un cartel que indica "424 plazas". En junio del año pasado, el Juzgado Nº2: notificó 958 alojados. Representaba, entonces, una sobrepoblación del 135,38 %, la mayor en todo el sistema.
La Unidad Nº 31, parte del complejo de cárceles de Florencio Varela, tiene capacidad para 442 presos: tenía más del doble en el mismo mes 2019. Registrados 982 presos; 122,17 % de exceso.
Todo supone recursos, más allá de la estadística. Hace un año el estado provincial gastaba 33.000 pesos por cada recluso. Ese monto se disparó en los últimos doce meses. La inflación cerró en el 54%. El Servicio Penitenciario saca cuentas. Por eso, Alak habla de la prioridad de alimentos y medicamentos. Resocialización aparece como una abstracción, en medio de este paisaje de escasez.
No lo dicen, todavía, pero se articula un discurso que confronta con, según los argumentos, "el exceso de dictámenes de prisión preventiva". El objetivo es descomprimir el sistema. Será una pulsión con los magistrados que perciben el condicionamiento social por los casos de reincidencia criminal y un agotamiento de la sociedad superada por el delito.
Desde la gestión Kicillof no apuran los pasos. No obstante, con indisimulado interés mencionan que hay 1.900 presos, apenas, con arrestos domiciliarios.
Fuente: Clarín
Ante la superpoblación carcelaria en la Provincia, que excede el ciento por ciento la capacidad de alojamiento, el gobierno intentará la descompresión del sistema con algunas reformas judiciales, entre ellas la morigeración de las penas, e incluirá la evacuación progresiva de presos en comisarías.Para ello, este lunes, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció la creación de una mesa de Diálogo que se reunirá con internos y familiares en los centros penitenciarios de Buenos Aires.
La apremiante situación en las 60 cárceles bonaerenses quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50 mil personas para una capacidad de 25 mil cupos. El régimen está virtualmente colapsado. Según el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna provincia que tenga una superpoblación del 110%. En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva para evaluar el dramático problema”, explicó.
El tema viene de lejos. En su momento, durante la gestión del ministro León Arslanián, se planteó utilizar container adaptados para alojar detenidos en seccionales. También la tercerización en la atención de los servicios carcelarios. En enero 2018, la ex gobernadora María Eugenia Vidal había sugerido ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, método que se aplica en otros lugares del mundo y que en nuestro país todavía resulta controvertido. No era una idea en el aire: el Congreso había sancionado la ley nacional de contrato Público-Privado que avalaba ese abordaje audaz de gestión.
No prosperaron ni los containers de Arslanián, ni el leasing de Vidal. Todo con indicadores de delito sin merma. Hasta el ministro de Seguridad bonaerense actual, Sergio Berni, decidió involucrarse con la propuesta de conmutar un año de pena del recluso por cada año de trabajo registrado dentro del penal. Improbable porque en la aparente tarea de readaptación del preso ya están contemplados los talleres, tareas específicas y cursadas de estudios en los tres niveles. ¿Se ejecutan esos programas?. Relativamente. En el último año había 1500 internos en espera de habilitación de esa cantidad de plazas para completar sus estudios.
En octubre 2019, Casación Penal provincial había exhortado al Poder Ejecutivo a no alojar detenidos en comisarías y buscar medidas alternativas de encierro, incluidas la posibilidad de conmutar penas o de alojar presos en cárceles de otras jurisdicciones con el fin de evitar o reducir el hacinamiento y la superpoblación en las unidades penitenciarias de su territorio. Según el informe del tribunal, se registraban 48.827 personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y cárceles provinciales.
El jueves 6 de febrero, cuando se reúnan los equipos técnicos que buscarán un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de Derechos Humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal, habrá una actualización de la población carcelaria.
El último relevamiento menciona que sólo entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 se contabilizaron 2.500 encierros más. De la totalidad hay 21.538 internos procesados, 21.855 condenados, 141 sobreseídos y 251 sin prisión preventiva; además de 207 hombres y 12 mujeres mayores de 70 años, 59 madres, una madre embarazada y 25 embarazadas; también, 1344 penados y 3417 procesados privados su libertad por delitos relacionados con la ley de estupefacientes.
Con ese panorama, la propuesta fue evaluar la posibilidad de conmutar penas a quienes alcanzaron los 60 años, cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años que hayan cumplido la mitad de la condena; sentenciados a una pena que no exceda los tres años y que hayan cumplido un tercio de la misma, y condenados a una pena que no exceda los seis años y que se encuentren usufructuando el régimen de salidas transitorias.
La Mesa Interinstitucional de Diálogo, creada mediante una resolución firmada por el gobernador, Axel Kicillof, funcionará como una instancia. Para las reformas hacen falta, en muchos casos, tramitaciones parlamentarias. El abordaje de la flamante administración estaría en consonancia con lineamientos plantados a nivel nacional por la gestión de Alberto Fernández, que incluye un capítulo específico sobre la aplicación de las prisiones preventivas. La Reforma Judicial anticipada por algunos funcionarios nacionales es mucho más compleja, pero existe en los laboratorios oficiales.
Algunas voces intentan persuadir. Paula Litvachky, integrante del CELS e integrante de la Mesa del Diálogo, destacó la convocatoria del ejecutivo provincial y expresó que “lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos en las comisarías de la Provincia".
“Estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la Justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad. Tenemos que acercar la cárcel de la Constitución a la cárcel de la realidad”, dijo después el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.
También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; la senadora, Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros.
Con matices, hubo coincidencia en manifestar que se trata de la peor crisis humanitaria, "nunca antes vista", en los lugares de encierro. Involucra las 54 cárceles, 10 alcaidías y 483 comisarías. En las seccionales policiales hay 4.000 detenidos. La capacidad es menos de mil. La Suprema Corte las prohíbe, pero es letra muerta.
Datos: sólo la Unidad de Olmos, en La Plata, aloja 3.000 presos. Las plazas "permitidas" son 2.000.
La alcaidía de Junín sobre la ruta 188, por ejemplo, es una unidad relativamente nueva, fue habilitada en 2009, corresponde a régimen cerrado, con educación primaria y secundaria. Allí, en la entrada del establecimiento, hay un cartel que indica "424 plazas". En junio del año pasado, el Juzgado Nº2: notificó 958 alojados. Representaba, entonces, una sobrepoblación del 135,38 %, la mayor en todo el sistema.
La Unidad Nº 31, parte del complejo de cárceles de Florencio Varela, tiene capacidad para 442 presos: tenía más del doble en el mismo mes 2019. Registrados 982 presos; 122,17 % de exceso.
Todo supone recursos, más allá de la estadística. Hace un año el estado provincial gastaba 33.000 pesos por cada recluso. Ese monto se disparó en los últimos doce meses. La inflación cerró en el 54%. El Servicio Penitenciario saca cuentas. Por eso, Alak habla de la prioridad de alimentos y medicamentos. Resocialización aparece como una abstracción, en medio de este paisaje de escasez.
No lo dicen, todavía, pero se articula un discurso que confronta con, según los argumentos, "el exceso de dictámenes de prisión preventiva". El objetivo es descomprimir el sistema. Será una pulsión con los magistrados que perciben el condicionamiento social por los casos de reincidencia criminal y un agotamiento de la sociedad superada por el delito.
Desde la gestión Kicillof no apuran los pasos. No obstante, con indisimulado interés mencionan que hay 1.900 presos, apenas, con arrestos domiciliarios.
Fuente: Clarín
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