El Gobierno evalúa derogar el decreto de Mauricio Macri para expulsar extranjeros que cometen delitos

La gestión de Alberto Fernández evalúa alternativas para canelar la deportación de inmigrantes. Mientras, la Corte Suprema debe pronunciarse sobre la legalidad de la normativa.


Sin apuro, pero sin pausa, el Gobierno de Alberto Fernándezestudia cambios en la política migratoria y analiza derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que en 2017 firmó el ex presidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen.

La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.

El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto «de forma urgente», entre otras medidas «para preservar los derechos de las personas migrantes».

Bajo el título «Agenda Migrante para 2020», el texto pide que que se garantice el derecho a migrar, la «igualdad de derechos entre nacionales y migrantes», como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.

En 2017, el endurecimiento de los controles migratorios de la gestión macrista, que incluyó el DNU y otras medidas adicionales, desató la polémica y fuertes críticas al ex Presidente. Y, en la práctica se produjo un incremento sostenido en la cantidad de inmigrantes deportados de la Argentina: según el informe final de la gestión anterior, en el período 2016-2019 hubo 3 mil expulsiones, un 100 por ciento más en relación al período 2011-2015.

Esto pese a que su implementación se vio demorada en la Justicia. De hecho, ese todavía es un capítulo abierto. Es que, tras el pedido de inconstitucionalidad que hicieron el CELS, la Comisión Argentina para Refugiados e Migrantes, y el Colectivo por la Diversidad; el decreto fue avalado en primera instancia por el juez Ernesto Marinelli: pero objetado en marzo de 2018 por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Y desde abril de 2018, tras el recurso que presentó la gestión de Macri, es un tema que debe resolver la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, en simultáneo, fuentes oficiales confirmaron a este diario que el Gobierno analiza derogar el DNU. «Estamos revisando el decreto, evaluando la posibilidad de derogarlo», admitieron a Clarín. Todavía, aclaran, no hay una decisión tomada al respecto. Y tampoco se habla de plazos.

El tema, según el organigrama, está a cargo del ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, quien tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional de Migraciones, que conduce Florencia Carignano.

Las razones son similares a las que planteó el kirchnerismo desde la oposición, cuando cuestionó la iniciativa por considerar que tenía ribetes xenófobos, vulneraba el derecho de los extranjeros; e implicaba un avance en la potestad del Ejecutivo al legislar en materia penal, algo prohibido por la Constitución Nacional.

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