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El escándalo salpica a la política chubutense con la actividad minera y hay acusaciones cruzadas entre integrantes de la Legislatura y el empresariado local, que ya llegó a la Justicia provincial. Un diputado del PRO Sebastián López aparece en una cámara oculta hablando con un empresario, ofreciéndole sus servicios para hacer de nexo con las autoridades provinciales y nacional y facilitar “la rosca” para la aprobación de un proyecto minero. Esto habría ocurrido antes de asumir como diputado provincial.
López le relata al hombre de la minera de su ocupación, de su compañía llamada “Bridges”, puentes en inglés, “una consultora comercial”, un eufemismo sobre “generar puentes entre el tipo y el cliente”, a pesar de que su perfil comercial no muestra su participación en ninguna firma registrada bajo ese nombre.
Hoy por hoy, Sebastián López integra la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que será clave para el tratamiento del proyecto. Hay, por otro lado, un reciente audio atribuido a la también legisladora chubutense Leila Lloyd Jones, que también generó mucha polémica.
Lloyd Jones dice en la grabación que se le atribuye: “Me piden en el video que les consiga laburo. No, le dije, vayan a conseguirle laburo a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras. Después se los voy a pasar los teléfonos de los que votan a favor para que les vayan a pedir laburo ustedes”, se escucha en el audio que sería de la diputada.
Medios locales hablan de diputados indignados, agraviados, que buscarían ir a la Justicia para que Lloyd Jones, vicepresidenta primera de la Cámara, parte del interbloque Chubut al Frente, reconozca o no si el audio es suyo y se rectifique.
En cuanto al video que involucra al diputado López, fuentes políticas en la provincia deslizan que el empresario que lo filmó lo hizo cansado de presiones, una carta para jugar a futuro. Esto ya está siendo analizado por el PRO de Chubut para tomar medidas y salir con una posición partidaria clara ante semejante sospecha.
El diputado nacional del PRO, Ignacio Torres, dio una conferencia de prensa para aclarar las cuestiones y posicionamientos de la fuerza política. Afirmó que desde el PRO chubutense “iremos a fondo con lo que necesite la Justicia” y que “no vamos a dudar en avanzar en algo que tenga que ver presuntamente con un integrante de nuestro partido u otro”, haciendo referencia al escándalo.
El presunto vínculo entre lobby minero y poder político no es algo nuevo en la provincia. En 2014, en medio de protestas en otro histórico intento por instalar la minería en la provincia, y en medio de otra votación en la Legislatura chubutense, el diputado peronista Gustavo Muñiz fue fotografiado cuando aparentemente recibía indicaciones en su celular del gerente de una minera, en plena sesión legislativa. La imagen difundida a través de las redes sociales indicaba cómo un directivo de Yamana Gold le señalaba al diputado introducir un cambio en la redacción del artículo 4 de la ley.
La denuncia con el registro de la cámara oculta del diputado López, con una fecha desconocida, será presentada ante el procurador provincial Jorge Miquelarena para que resuelva su competencia. Las chances son múltiples en los cálculos del PRO patagónico: delitos de acción pública, negocios incompatibles con la función, tráfico de influencias, evasión fiscal, blanqueo de activos. Un juez o un fiscal deberán determinar qué calificación le corresponde.
Consultado por los medios, el diputado López lo atribuyó a una “opereta” en su contra, que el video era “falso y extemporáneo”, ya que se habría registrado en una época en la que él no era legislador.
A todo esto, la semana pasada, un grupo de manifestantes provocó este martes destrozos y un principio de incendio en el despacho del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.
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