Una propuesta legislativa para prohibir lisa y llanamente el lenguaje inclusivo de todo documento de la administración pública fue introducida el 23 de febrero pasado en la Asamblea Nacional de Francia. El proyecto de ley es promovido por el diputado oficialista François Jolivet, junto a otros representantes de los partidos La República en Marcha y Los Republicanos.
El lenguaje inclusivo no es una originalidad argentina. Pero la forma en que se gesta y expresa, varía de acuerdo a la fisionomía y cultura de cada país.
En Francia, el idioma es custodiado de cerca. Es, seguramente, su patrimonio más preciado; y cualquier ultraje al mismo es defendido como si fuese una agresión bélica, con sangre, sudor y lágrimas. Tan importante es para los galos el respeto al uso correcto y generalizado de su lengua, que en el año 1992 se incluyó la misma en la Constitución Nacional. Hoy, bajo el título De la Soberanía, el artículo 2 de dicha carta magna reza que: “La lengua de la República es el francés.”. Esta es la regla constitucional que los legisladores harían valer contra el lenguaje inclusivo en Francia.
Otra particularidad francesa, es que el idioma es un paradigma de unión importante en la historia gala. La llamada lengua de Molière, no es únicamente un reconocimiento al genial dramaturgo. En el medievo se hablaba muy distinto de un lugar a otro del territorio. Incluso en la propia ciudad de París, había un vecindario donde prácticamente no se hablaba otro idioma que el latín, de allí el hoy famoso “barrio Latino”. Por ello, el rey Francisco I obligó en el siglo XVI a que leyes y documentos administrativos fueran en francés. Curiosamente, esa norma de 1539, “l’ordonnance de Villers-Cotterêts” sigue estando vigente y no fue derogada. Y, Molière, un siglo después, con su extensa obra escrita y cientos de puestas en escenas de su compañía de teatro, terminó por imponer la lengua pura por sobre el latín y los dialectos. La idea generalizada del ciudadano francés promedio es que el idioma oficial une y engrandece a la Nación.
Libertad, igualdad y fraternidad. Así se concibe la República de los franceses. Y bajo la premisa de igualdad, llegaron los primeros ejemplos de lenguaje inclusivo. Sí, también allí hubo palabras inventadas de la noche a la mañana, porque si bien la letra “e” al final de ciertos términos constituye normalmente la forma femenina de los mismos (abogada es “avocate”), aquellas colectivas de ambos géneros no incluyen la letra “e” sino la “s” del plural con predominio del masculino (“avocats”). La nueva terminología inventó entonces el “punto medio” que permite escribir los plurales con “.e.s” al final de cada palabra. Es un nuevo tipo de código, que además de impronunciable, pondría en evidencia las limitaciones de personas con dificultades como dislexia o disfasia. Según sus opositores, la escritura inclusiva en Francia discrimina a la gente con alguna incapacidad para escribir o leer. Es decir, borra con el codo lo que se escribe con la mano. Es “excluyente” porque no todos pueden leerla, muchos menos escribirla de corrido.
Nada impidió que los políticos de izquierda, socialistas, comunistas y ecologistas avanzaran con campañas de lenguaje inclusivo. En rigor, los comunicados con doble referencia, como “Señoras y Señores”, “ellas y ellos”, “cada uno y cada una” parecieran no levantar mayores críticas y son también lenguaje inclusivo. El presidente Emmanuel Macron es un gran orador de este tipo de dobles referencias inclusivas. Pero cuando la revista de la ciudad de Périgord en el sudoeste francés pasó a llamarse Le Magazine des Périgourdins.e.s la realidad comenzó a golpear en la sociedad y a nadie le pareció amistoso. Poco después, la intendente de dicha ciudad decretó la obligación de utilización de la lengua inclusiva, con todos esos “puntos medios”, en todos los escritos municipales. Surgieron otros inventos como “iels”, enjambre de ellos y ellas, “toustes” en lugar de todos y todas, y otros.
Y sí, horror instantáneo en la prestigiosa Academia Francesa que declaró “en peligro de muerte” al idioma francés y en varios otros grupos de interés. Recurso administrativo de exceso de poder antes la Corte Administrativa de Bordeaux contra la intendente de Périgord (aún en trámite) e, imagino yo, innumerables mensajes instantáneos por los celulares de políticos aquí y allá.
En este escenario es que llega el proyecto de ley del diputado oficialista François Jolivet, y de casi sesenta representantes legislativos.
Hace ya tres años, el anterior primer ministro Édouard Philippe había firmado una circular ministerial invitando a la proscripción de dicha escritura inclusiva en su equipo, pero ahora el nuevo proyecto ambiciona una interdicción radical. No sólo los ministerios, no sólo el gobierno nacional, toda la administración del país y cualquier persona en ejercicio de una función o servicio público.
Es un misterio si la iniciativa será vitoreada por un recinto unánime o tratada con fría indiferencia. Quizás sea mejor su rechazo a una aprobación con alteraciones sobre el ámbito de aplicación territorial o material.
En cualquier caso, el camino del debate parlamentario es positivo. Así como el lenguaje es parte de la soberanía de un país, también lo es el sufragio y la legislación que genera. Probablemente, el momento actual es delicado para analizar modificaciones en el idioma de una nación. Pero las crisis no hacen más que evidenciar carencias que el país debe confrontar. Citando a Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que será suficiente una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean puestos en cuestión. Estos derechos nunca son adquiridos. Debéis estar vigilantes durante la vida entera.”
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