Sigue la POLÉMICA en San Juan: El MARIDO había presentado el pedido de ABORTO pero luego lo CANCELÓ

Luego de iniciar el trámite en la Obra Social, se arrepintió. Después, su pareja lo inició como afiliada indirecta.








El polémico caso que recorrió la Argentina sigue dando qué hablar.

Este suceso salió a la luz porque un hombre denunció que no quería que su esposa se realizara un aborto legal, porque quería hacerse cargo de su bebé luego del nacimiento.

Según se conoció por los medios sanjuaninos, el hombre acudió a la Justicia con una cautelar para frenar la interrupción del embarazo, la cual fue rechazada.

Ahora, según una publicación en Diario de Cuyo, fuentes calificadas aseguraron que el marido fue el primero que inició el trámite en la Obra Social Provincia (OSP) para la autorización de la práctica abortiva para la mujer. Sin embargo, a los 10 días, dio marcha atrás y dejó sin efecto el planteo, por lo que, después de esa decisión, la esposa solicitó el procedimiento como afiliada indirecta.

Según se conoció, la jueza Amanda Días, del Juzgado Civil Nº11, resaltó en su resolución que le había llamado "poderosamente la atención" que ninguno de los abogados del marido (Mónica Lobos y Martín Zuleta) se llevaran las órdenes que ella había dictado y las presentaran en el Ministerio de Salud Pública, la OSP y el Sanatorio Argentino, cuyas autoridades debían informarle a la magistrada si la mujer había abortado o no, luego de que una publicación periodística indicara que ya se había hecho la práctica. Desde el Juzgado solicitaron la información por vía electrónica, pero Días remarcó que esa "conducta relajada" y la "pasividad procesal" del hombre y sus profesionales, que tienen "la carga de urgir toda medida tendiente a obtener una resolución favorable", resultaba "totalmente contradictorio a la supuesta urgencia e imperiosa necesidad" alegada por el esposo.

La ley garantiza la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive. Así, se trata de un derecho y una decisión exclusiva de la mujer o persona gestante a ejercer libremente la decisión sobre su cuerpo en un tema que ha sido contemplado como de salud pública.
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