A LA PESCA DEL VOTO PERDIDO

#OPINIÓN



El golpe recibido por el oficialismo fue tan contundente e inapelable, que el Frente de Todos puso inmediatamente todo el aparato del Estado al servicio de reconquistar a los votantes perdidos. Sin tiempo para sutilezas, vivimos una especie de institucionalización del clientelismo político. Anuncios, bonos, subsidios y “ayudas” para todos los gustos. El interrogante es ¿el llamado “shock redistributivo” llegará a percibirse antes de las elecciones? Y más importante ¿logrará captar esos votos que le fueron esquivos en septiembre pasado?

Esta semana, la propia Justicia puso el foco en las medidas del Gobierno, por entender que sus anuncios tienen por intención captar votos, en el marco de un avanzado cronograma electoral. La jueza federal María Servini, dispuso que el pago del programa Más Cultura, que otorga $5.000 a jóvenes para el consumo de bienes y servicios culturales, sea depositado después del 14 de noviembre; a efectos de que no intervenga en la voluntad popular. Esta decisión reabrió la polémica y dejó servido el debate sobre las verdaderas intenciones en este volantazo de gestión.

Estamos ante un escenario, entonces, completamente desigual, entre un oficialismo que dispone de los recursos de un país entero y tiene la capacidad de echar mano a esa caja, para realizar anuncios grandisonantes y maquillar así una gestión que ya recibió un contundente rechazo en las PASO del 12 de septiembre pasado. Es que el oficialismo tuvo más de un año y medio para contentar a la ciudadanía y fueron pocas las medidas que representaron un mimo para un pueblo sumido en la incertidumbre y el desánimo. Es lógico que cada acción ahora sea percibida como electoral.

Si entendemos al clientelismocomo un relación informal de intercambio recíproco y asimétrico, basada en la instrumentalidad, la desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en la que existe un dominante y un dominado. Podemos decir que se trata de una práctica antidemocrática. Ahora bien, en esta campaña nos encontramos con una nueva estructura clientelar, que abandona la informalidad para pasar a la institucionalidad; deja de ser algo oculto y es blanqueado bajo el velo de una embestidura.

La presunción de que los nuevos anuncios encubren objetivos netamente electorales, es algo que decanta por lógica. Tras caer en desgracia política, el propio Alberto Fernández dijo que las generales se ganaban “con más peronismo” y ninguna otro partido ha sido tan sagaz para torcer voluntades a fuerza de billetera (billetera del Estado) como el peronismo. Tampoco es que el oficialismo se esfuerce mucho en encubrirlo; después de la derrota, diferentes funcionarios salieron a comunicar que se vendrían anuncios, porque “se entendió el mensaje de las urnas”. Entonces acá la línea es muy delgada.

Nadie puede oponerse a que los sectores más castigados y vulnerables reciban aunque sea una mínima compensación para mejorar un poco su calidad de vida. Sino que es mucho más profundo que eso; lo que hacen estas medidas cortoplasistas es contribuir a que esa relación de dominación siga intacta y no aportan herramientas reales para que puedan cambiar su condición a futuro. Son paliativos, parches, ante una realidad apremiante. Ni mencionar que comprometen seriamente las finanzas públicas.

Ahora bien, ¿estas medidas han ayudado al Gobierno a virar el descontento generalizado? Según una encuesta difundida esta semana por Poliarquía, el índice de confiabilidad del Gobierno (ICG) es de 1,5 en una escala de 0 a 5. Se encuentra en uno de los mínimos históricos y es el más bajo desde 2014. El mismo indicador supo ser superior a 3, en el mejor momento de la gestión Fernández, allá por abril de 2020. También muestran un fuerte rechazo al nuevo gabinete y los últimos anuncios, especialmente entre los sectores medios.

Si creemos en los números citados arriba, no ha sido efectivo el cambio de rumbo y hasta podría resultar en un efecto boomerang. Sin embargo, el Gobierno confía en que la inyección monetaria empiece a dar sus frutos. Ya lo dijo Gollán en un sincericidio político, al afirmar que "con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto". Abonan a la teoría que se vota con el bolsillo más que con la cabeza y el corazón. Al menos creen que esta política podría mitigar el impacto de una derrota más contundente. No apuntan, en principio, a ganar nuevos electores, sino a reconquistar a esos que supieron ser propios y le dieron la espalda en los últimos comicios.

¿Y para la clase media no hay nada? Para ellos han reservado anuncios y estilos que son más apropiados para las apetencias de estos sectores; como el proyecto para convertir los planes sociales en empleo genuino, alivio fiscal y un discurso un poco más conciliador (sólo un poquito). Algunos de los pedidos más recurrentes que arrojaron los focus group fueron tomados de la forma más literal.

En San Juan, por otro lado, donde el Frente de Todos ganó por una exigua diferencia, siguieron apostando a ponderar la gestión local y pedir el voto “para que San Juan siga creciendo”. No han abandonado mucho el libreto ni viraron demasiado el estilo de la campaña. Eso sí, se apresuraron en este último tramo a anunciar otro aumento para los empleados de planta permanente del Estado provincial; un 15% en dos veces que alcanza a unas 40.000 familias. También intentan fortalecer la territorialidad y mostrar un poco más de músculo político, con actos masivos. Más allá de eso, no se ha notado tanto, como el giro de nación.

Dejando de lado del debate de si es ético y democrático utilizar las arcas públicas con intencionalidad electoral, queda menos para saber a ciencia cierta si esta estrategia tan explícita le dará sus frutos al oficialismo en las urnas o si, por el contrario, no hará más que exacerbar el descontento y agrandar el margen de la derrota.