El Gobierno suspende a más de 150 MIL beneficiarios del Potenciar Trabajo ¿Por qué?

Así lo anunciaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.


Este lunes, en conferencia de prensa, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció hoy en conferencia de prensa que más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo serán suspendidos.

Esto se debe a que no validaron su identidad y el plazo para autenticar esa información se venció el pasado domingo. Por lo tanto, quienes no hayan cumplido ese requisito, tendrán una instancia de reclamo de 60 días, aunque no recibirán el 100% del beneficio en febrero, sino que accederán a la mitad.

Tolosa Paz, por otra parte, mencionó que alrededor del 89% del padrón de beneficiarios del programa validaron sus datos en el sistema. Ellos cobrarán la totalidad del plan en febrero. Los demás, deberán completar sus datos o, caso contrario, dejarán de percibir el plan.

La validación de datos se estipuló luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Del relevamiento se desprende que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde legítimamente percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino por su situación patrimonial, la ausencia de bienes registrables a su nombre y que no realizaron operaciones de moneda extranjera, entre otros datos obtenidos.

En este sentido, Tolosa Paz precisó que, de ese total, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias; 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.

Por otro lado, la ministra afirmó que un total de “154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de la liquidación de enero”.

Asimismo, declaró: “Entiendo que haya personas que puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, aclaró. Esta instancia tendrá vigencia por un plazo de 60 días.

Respecto del impacto fiscal de suspender los planes, se estima que habrá $ 2.500 millones que podrán “destinarse a otras actividades productivas”, enfatizó la funcionaria.

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