La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una mera lucha de poder

A 2 días de las elecciones legislativas, la Corte Suprema de Justicia aprobó ayer en un abrir y cerrar de ojos, después de 4 años de debate, la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy, 30 de octubre, los kirchneristas se regocijan en un día de la democracia que, según ellos, tienen más que merecido por una “década ganada” que demostró vencer los avatares monopólicos con la “ley de la democracia”, que no se cansan de enarbolar. Nada más lejano a lo cierto. ¿Qué implicancias tiene realmente la aprobación de la Ley 26.522?

Lucha de poder. La pulseada del Gobierno contra su enemigo tuvo un nuevo resultado.

 

“30 años. Ley de Medios. Es más democracia”, rezan los spot en la vía pública, como muestra de la “victoria” kirchnerista, oficialista, sobre Clarín. Esa victoria que claro tiene que ver más con lo simbólico que con lo económico, y en la que el ciudadano lamentablemente, no tendrá lugar.

La controversia entre el Gobierno cristinista y el Grupo mediático Clarín quedó más que sentada con el apoyo a esta ley, que tiene como uno de sus pilares fundamentales la desinversión y desconcentración de los monopolios, con el fin de lograr mayor pluralidad de voces.  Los artículos 41º, 45º y 161º de la ley fueron los que movilizaron al monopolio mediático, el que presentó una acción de amparo ante la Corte de Justicia, proponiendo como inconstitucionales dichos artículos. Acción que recién ayer fue resuelta y declaró la constitucionalidad de la ley.

Según Daniel Torres, delegado de la AFSCA San Juan, “la ley estaba bloqueada por las diferentes chicanas (se refiere a los recursos presentados por Clarín), los plazos eran rechazados. El recurso de amparo puesto por Clarín fue el que llevó a este momento histórico. Ahora hay que empezar a trabajar en el plan de adecuación”. Con adecuación, Torres se refiere a que de ahora en más el monopolio deberá cumplir con la normativa impuesta, “cediendo” licencias que están en su poder, por hablar mal y pronto.

Oscar Cuadros, abogado constitucionalista, explicó con mayor tecnicismo cuál fue el conflicto por el que permaneció trabado este aspecto, sólo este aspecto, de la ley. “Lo que cuestionó Clarín fueron los límites que el artículo 45 le imponía en relación a la cantidad de licencias de servicio audiovisual,  y cuestionó la imposibilidad de la libre disponibilidad de las licencias”, indicó, y agregó que  “esto afectaba la posibilidad de sostener las políticas informativas del grupo a partir de un congelamiento de sus activos y cuestionó los artículos correspondientes al plazo de un año en el cual debía desprenderse de las licencias”.

Pero, ¿qué consecuencias puede traer esta decisión de la Corte suprema sobre la constitucionalidad de la ley?

Cabe realizar varias aclaraciones al respecto, principalmente, sobre cómo el kirchnerismo no sólo se apropió de esta ley como suya sin reconocer sus verdaderas raíces, sino también como su constitucionalidad es una mera muestra de poder, para reafirmar esta lucha con Clarín. El espíritu de la ley es claro, fuerte, de vanguardia en el mundo y sumamente democrático, ojalá fuera respetado en lo sucesivo para que realmente sirviera al pueblo. Sin embargo, la verdad aquí va por otro camino: La ley es un instrumento de demostración de poder del Gobierno y la “caída” de Clarín, una utopía, como también lo es, pensar que el Gobierno dejará de invertir en medios que refuercen su ideología, por lo que termina siendo lo mismo que critica.

Sin embargo, en las redes sociales y desde el sector político oficialista se burlan de quien “no es K” con la ley en la boca, (que muchos seguramente ni siquiera leyeron) pregonando una democracia que, contradictoriamente, está por sobre todo ausente en sus discursos. Un reflejo de ello fueron las palabras de Julio Montaña, secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, quien aseguró que “hasta ayer teníamos una ley de la dictadura, que vino a cambiarla Néstor Kirchner. Esta es una ley de la democracia que esta gente con el poder que ejercía logró dilatarla cuatro años, burlándose de la voluntad popular”.

Tito Montaña, recayó en el primer error: no fue Néstor Kirchner quien “cambió la ley de la dictadura”, al contrario. Cristina fue quien apoyó la ley, una ley cuyas bases se gestaron antes de la vuelta de la democracia por cientos de organizaciones y particulares de la sociedad civil, no del Estado. Ese reconocimiento queda estancado, la lucha y el esfuerzo de décadas, cuando el kirchnerismo se jacta de esta ley como “suya”, y en el afán de querer competir con Clarín, su discurso se convierte en egoísta y poco democrático.

Sin querer, Julio Montaña lo expresó claramente. Dejando atrás el verdadero sentido de la ley, afirmó que “acá está en juego quién realmente manda en el país, quien tiene el poder”.

Entonces, ¿no está claro el juego político? La ley fue promulgada hace 4 años y sólo fueron declarados inconstitucionales algunos pocos (no por eso menos importantes) de sus tantos artículos. Sin embargo, nadie habló de pueblos originarios, de personas con discapacidad, de adecuación a la ley con respecto a contenidos. Esto es una lucha económica y simbólica sin contingencias que sólo tiene como objetivo el beneficio de unos pocos, marginando el verdadero sentido de la ley y los derechos ciudadanos.