Narcotráfico: Hay casi 1500 pistas de aterrizaje clandestinas

El Ministerio de Seguridad relevó cientos de espacios de aterrizaje privados que no cuentan con habilitación para operar. Ahora buscarán inutilizar esos predios para evitar que puedan ser usados por aviones dedicadas al contrabando de drogas.

Clandestinas. Las pistas de aterrizaje no declaradas son el canal por donde se mueve la droga en el país.

 

Fuente: La Nación

El ingreso de droga en la Argentina por vía aérea es la metodología más vigente. Así lo reconocen los investigadores policiales, que ahora ponen el foco en la proliferación de pistas privadas sin control como explicación para el aumento de los vuelos ilegales. El Ministerio de Seguridad detectó en los últimos meses más de 1400 pistas en condiciones irregulares de habilitación. Y los jueces federales ya empezaron a recibir información oficial sobre los posibles lugares de aterrizaje en sus jurisdicciones.

Esas pistas son zonas preparadas en campos privados. En su mayoría fueron declaradas en algún momento ante las autoridades de aviación civil, pero sus propietarios no volvieron a cumplir con los requisitos de habilitación establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Para los investigadores del narcotráfico, esos campos son potenciales lugares de aterrizaje de aeronaves en vuelo ilegal. El Ministerio de Seguridad, según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, pedirá colaboración a las provincias para erradicar las pistas que no tengan la documentación al día.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó días atrás en la Cámara de Diputados que se habían "localizado" 1400 pistas "declaradas" y "otras" 500 de las que no había información previa. Pero fuentes policiales comentaron a La Nación que los cruces de información entre esos sitios de aterrizaje descubiertos y los datos de la ANAC revelaron que sólo cuentan con autorización permanente o temporal unas 500 pistas de las 1900 enunciadas por Capitanich.

En respuesta a la pregunta de la diputada Ivana Bianchi (San Luis-Compromiso Federal), Capitanich indicó que "se han identificado, tal como lo afirmó el secretario de Seguridad, y gracias a eficaces tareas de inteligencia, espacios aptos para la operación de aeronaves que no han sido oficialmente declarados a las autoridades competentes".

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dio un especial impulso a la labor de descubrir posibles lugares de aterrizaje de aeronaves ilegales. La idea central es presionar a los narcos con la pérdida de sus zonas seguras de descarga de droga. Se pretende inutilizar esos lugares no aprobados por la autoridad aérea con una táctica similar a la empleada contra los búnkeres en Rosario. Para eso se requieren decisiones legales provinciales y municipales. Las provincias escucharán un pedido en ese sentido en el próximo encuentro de ministros en el Consejo de Seguridad.

Uno de los ejes de trabajo en el ministerio conducido por Cecilia Rodríguez es transformar el Consejo de Seguridad en un organismo que supere las reuniones protocolares para centrarse en casos específicos de trabajo. En el caso del encuentro realizado el mes pasado con ministros de la región cuyana en Mendoza se avanzó en la implementación del sistema de identificación biométrica. El de los vuelos ilegales sería el tema central del próximo cónclave.

Ayuda a Jueces federales

En otra línea de trabajo se avanzará con la colaboración con jueces federales, quienes reclamaron en varias ocasiones apoyo para desbaratar a las organizaciones de "aeronarcos". Con el trabajo de relevamiento encargado a las reparticiones específicas de investigaciones sobre tráfico de drogas, el Ministerio de Seguridad inició un apoyo directo a los magistrados. Así, el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, subió a una avioneta de la Gendarmería y sobrevoló la semana pasada los lugares marcados como pistas irregulares.

"Tenemos un relevamiento de las pistas existentes", dijo, en declaraciones a la prensa en su provincia. Y aclaró que "esas pistas son clandestinas porque no están declaradas". En la frontera norte, en cambio, los jueces explicaron a funcionarios de seguridad y oficiales de fuerzas federales que sus investigaciones determinaron que el método usado en su zona es el del "bombardeo" de droga desde avionetas que pasan a baja altura sin aterrizar y con rápido regreso a Bolivia.

Las autoridades bolivianas promulgaron este año una ley de derribo contra "vuelos del narcotráfico", como los calificó el presidente Evo Morales. Esa preocupación boliviana señala de por sí el aumento detectado en las rutas aéreas de las drogas. La Argentina no tiene aprobada una ley de derribo y tanto funcionarios de Defensa como de Seguridad rechazan esa alternativa.

Más allá del debate político, una ley de derribo parece no ser necesaria como tal, ya que los decretos presidenciales que avalaron potenciales tiros de destrucción aérea para la seguridad en las cumbres presidenciales desde 2005 fueron la base de la resolución 230 del Ministerio de Defensa, que en abril pasado transfirió al Estado Mayor Conjunto las responsabilidades del control aeroespacial que tenía antes en soledad la Fuerza Aérea. Ese nuevo organismo, el Comando Subordinado Aeroespacial, queda a cargo de resolver "situaciones de crisis".

Así las cosas, la apuesta más fuerte hoy para frenar los vuelos ilegales pasará por reducir los potenciales lugares de aterrizaje. Por eso se buscarán vías judiciales y administrativas para cerrar las pistas irregulares.

Rutas aéreas en la mira

En la última presentación del jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, informó que se habían detectado 1400 pistas "declaradas" y otras 500 "sin información previa". De ese universo de 1900 pistas de aterrizaje relevadas por el Ministerio de Seguridad, en realidad sólo 500 están habilitadas para operar. La información oficial ya fue enviada a jueces federales, que empezaron a cotejar los datos de sus jurisdicciones con sobrevuelos. La Nación buscará apoyo de las Provincias.

En total, son 1400 las pistas irregulares aptas para aterrizajes que no están habilitados. Y surge de la comparación de la información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) con los cientos de lugares de aterrizaje detectados por los investigadores federales, que continúan con el relevamiento. Pero, en contraposición son 500 las pistas habilitadas y privadas que sí tienen autorización de la ANAC.