Finalmente se aprobó ayer la Ley Antiprostíbulos

San Juan
Trata de mujeres
Trata de mujeres
Después de casi un año de amagues por parte de Diputados con respecto a la aprobación del proyecto para eliminar cualquier sitio nocturno donde pueda facilitarse la explotación sexual o trata de personas, finalmente la ilusión se concretó. Ayer, en la última sesión ordinaria del año, el proyecto se convirtió en ley.

Como el siglo pasado. Aunque parezca un pasado muy olvidado, la explotación sexual es aún una realidad en el Siglo XXI.

 

En este contexto, integrantes del Foro No a la Trata, quienes presenciaron la sesión de ayer en la Legislatura de San Juan se mostraron satisfechos ante la nueva ley. El doctor Javier Alamino, integrante del Foro, expresó que la ley “es un logro de las organizaciones sociales y particularmente de nuestro foro que viene peleando por este tema desde hace mucho tiempo”.

“El año pasado nosotros planteamos que lo que había que hacer era prohibir los prostíbulos, aplaudimos la voluntad política del Poder Ejecutivo, pero sí tenemos críticas con respecto a la ley”, aseguró. En este sentido, Alamino se refirió a las multas ante la infracción de la ley, que se impone desde $3000 a $10.000, y aseguró que “es muy baja”.

“Tengamos en cuenta que este es un negocio que después del tráfico de estupefacientes es el que más dinero mueve en el mundo. Nos parecen bajos los 60 días de arresto en el caso del Código de Faltas, porque creemos que ni suma ni resta porque en realidad la explotación de la prostitución ya está prohibida en el Código Penal, inclusive con el consentimiento de la víctima”, agregó el representante de No a la Trata. Sin embargo, remarcó como “muy positiva”, la prohibición de todos estos tipos de locales.

Una nueva ley se avecina, y con ella una nueva polémica. Resta esperar el accionar político para conocer su verdadera aplicación y eficacia, y si realmente dirime los derechos de aquellas personas que se consideran trabajadores sexuales, si contempla al menos este aspecto y se contiene una política de contención para quienes quedan vulnerados luego del receso de estos negocios clandestinos.
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