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La Justicia investiga a un joven barbero señalado como presunto autor de un disparo que dejó herido a un vecino en el barrio Costa Canal. El hecho ocurrió a fines de 2025 y en los últimos días avanzó la causa judicial.
El imputado es Thiago Lucero, de 19 años, quien fue señalado por la fiscalía como el principal sospechoso del ataque ocurrido el 10 de diciembre dentro de ese sector del departamento Capital.
La investigación está a cargo de la UFI Genérica, donde intervienen el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez.
En un principio también estaban bajo sospecha otros dos jóvenes, identificados como Gabriel Fernández, de 24 años, y Alberto Aguilera, de 18. Sin embargo, durante la audiencia el fiscal aclaró que no se formularían cargos contra ellos y que la imputación se concentraría únicamente en Lucero.
De acuerdo con la acusación, el joven está señalado como presunto autor de abuso de arma en concurso real con portación de arma de fuego.
Uno de los elementos clave para la investigación fue una pericia científica. A los tres sospechosos se les practicó una prueba de absorción atómica para detectar restos de pólvora en sus manos y el resultado positivo se registró únicamente en Lucero.
El episodio investigado se produjo tras un conflicto previo entre el acusado y la víctima. Según la reconstrucción del caso, el joven habría efectuado un disparo con un revólver calibre .32 que impactó en el hombro derecho del damnificado.
Tras el ataque, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y lograron localizar a los sospechosos. Durante el procedimiento también secuestraron el arma que habría sido utilizada.
La situación del imputado se agravó con el paso del tiempo. Mientras la causa avanzaba en la Justicia, el joven volvió a tener problemas con la ley.
En febrero fue condenado a 3 años de prisión condicional tras admitir su participación en un robo agravado cometido en poblado y en banda, resolución que se dictó en un juicio abreviado.
En la audiencia más reciente, la fiscalía solicitó que el acusado quedara detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.
Sin embargo, la jueza Mabel Moya resolvió imponer una medida menos gravosa y ordenó que el imputado cumpla 1 mes de arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.
