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La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos inició una acción judicial colectiva contra el Banco San Juan por supuestos descuentos vinculados a seguros que habrían sido aplicados en cuentas de clientes sin la correspondiente autorización.
De acuerdo con la presentación judicial, el objetivo de la demanda es que se suspendan de inmediato esos débitos, se restituyan las sumas cobradas junto con los intereses y se establezca la responsabilidad de la entidad financiera para que los usuarios puedan reclamar eventuales indemnizaciones.
El planteo fue realizado por el abogado de la organización, Diego González Vila, quien además pidió que se imponga una sanción económica en concepto de daño punitivo. El monto solicitado equivale a 2.100 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3, indicador que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con los valores correspondientes a febrero, esa cifra superaría los 2.300 millones de pesos.
Según se expuso en la demanda, el banco habría informado que existen 86.412 clientes con seguros asociados a las compañías Sancor Seguros y Qualia Seguros. Si bien parte de esos servicios habrían sido contratados por decisión de los usuarios, la asociación sostiene que también existirían situaciones en las que los cargos se habrían aplicado sin consentimiento o sin entregar la documentación correspondiente.
El representante legal de la entidad explicó que desde hace aproximadamente cinco años reciben reclamos de personas que detectaron débitos en sus cuentas por pólizas que aseguran no haber solicitado. En otros casos, señaló, los clientes habrían aceptado el servicio pero nunca recibieron la póliza ni el certificado de cobertura.
Esa falta de información, remarcó, impide conocer aspectos fundamentales del seguro, como las condiciones de cobertura, las exclusiones, el plazo de vigencia o las características del servicio contratado. A pesar de ello, los descuentos continuarían realizándose en cuentas sueldo o en cuentas donde se acreditan jubilaciones.
La demanda colectiva también se respalda en 14 casos testigo aportados por la asociación. Algunas de esas personas recurrieron previamente a organismos de defensa del consumidor y lograron que se interrumpieran los débitos, aunque no obtuvieron la devolución de los montos descontados.
De acuerdo con lo expuesto en el expediente, los cargos habrían comenzado alrededor de 2020 con valores cercanos a 500 pesos mensuales y, con el paso del tiempo, se habrían incrementado hasta ubicarse actualmente entre 3.500 y 4.000 pesos.
En un primer momento, la causa fue asignada al Juzgado Civil N.º 11, que estaba a cargo de Amanda Díaz. Sin embargo, tras una recusación presentada por la defensa del banco, el expediente fue sorteado nuevamente y quedó radicado en el fuero contencioso administrativo bajo la órbita de la jueza Adriana Tettamanti.
Si la Justicia finalmente da lugar al reclamo y la sentencia queda firme, los clientes que consideren haber sido afectados podrían solicitar la devolución del dinero debitado y avanzar con acciones para reclamar eventuales daños.
